En riesgo generación de electricidad en el país

Una estrategia jurídica implementada por el Centro de Acción Legal Ambiental, Calas, pone en riesgo la generación de electricidad en todo el país, aseguraron varias instituciones relacionadas con el sector eléctrico. Yuri Melini, representante de dicha organización ambiental, explicó que la estrategia tiene como propósito fundamental hacer ver las injusticias y la violación al derecho de consulta que las comunidades han padecido históricamente.

En ese sentido, en junio del año pasado, la Corte Suprema de Justicia suspendió de manera provisional, las licencias otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas para aprovechar las aguas de los ríos Oxec y Cahabón, para alimentar dos hidroeléctricas instaladas en Alta Verapaz. También la explotación de oro y plata en la mina La Puya. El argumento fue el mismo en ambos casos: no se consultó a los pueblos indígenas, como lo estipula el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La suspensión de operaciones de las hidroeléctricas crea daños irreversibles, ya que, según estimaciones de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, dan cuenta que si se suspende la generación de energía por medio de hidroeléctricas el daño sería irreversible para Guatemala, pues el coste de la generación de energía eléctrica subiría diariamente en un promedio de Q2.6 millones más. El costo anual de esta eventual suspensión, sería de más de Q968.1 millones al año.

Y no todo es dinero, ya que la suspensión de proyectos en operación y en construcción representa graves consecuencias para el bienestar de las más de 300 comunidades que cuentan con programas de desarrollo, salud y educación en marcha con proyectos hidroeléctricos, así como para la industria, el comercio, la generación de empleo, el medioambiente y para la economía en general, lo cual redundaría en un marcado incremento de los índices de pobreza, inseguridad y migración.

En un reportaje publicado por Prensa Libre, puntualmente se indica el coste que traería a Guatemala la suspensión de las hidroeléctricas: “El impacto de la suspensión de las autorizaciones de uso de bienes de dominio público de las hidroeléctricas, afectaría diversos escenarios, dentro de los que cabe destacar que el costo de operación del sistema eléctrico se incrementaría diariamente en 35%, lo que representa $127 millones de dólares, adicionales anualmente en electricidad. Por cada 100 Megawatts de hidroelectricidad que entraran en suspensión en 15 años se perdería: Un ahorro equivalente a Q1,899.8 millones de quetzales para las familias: Q5,064 millones de quetzales para la industria. Q835.6 millones para el Estado. 65 mil empleos y Q780 millones en concepto de impuestos”.

Cabe resaltar que, según expertos, Noruega es uno de los países que apoya y financia los movimientos de protesta en contra de las hidroeléctricas, al mismo tiempo es uno de los mayores dependientes de las mismas, ya que su historia de la generación de energía hídrica data desde 1885. En 2002, el gobierno noruego fijó como una meta, aumentar la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas. En la actualidad, la cantidad de proyectos hidroeléctricos mayores a 10MW o más pequeños está en aumento en Noruega, con más de 800 ya operando y más de 700 bajo evaluación.

Entonces estaríamos hablando que es una tecnología comprobada. Es una tecnología que ha sido utilizada por más de 100 años en Noruega, un país con 5 millones de habitantes que tiene 30 mil megavatios hidroeléctricos instalados. ¿Cómo se compara con Guatemala? Guatemala tiene cerca de 15 millones de habitantes, y tiene 1,200 megavatios hidroeléctricos instalados. Entonces, cuál es el interés que nuestro país no aproveche ese recurso natural, toda vez que ellos tienen la experiencia de que es una industria limpia, que genera beneficios al país, tanto en precios bajos, generación de empleos e impuestos.

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