TRANSURBANO Y SIGA, LOS NEGOCIOS DE LA IMPUNIDAD, Dra. Roxana Avila, #PuntoxPunto

TRANSURBANO Y SIGA,

LOS NEGOCIOS DE LA IMPUNIDAD

Por: Roxana M. Ávila

El 7 de junio de 1996 entró en vigor el Decreto 25-96 que autorizaba al Ejecutivo, a otorgar un subsidio monetario de 24 millones de quetzales a los buses de la capital y las cabeceras, como aporte social para el transporte de personas de la tercera edad y estudiantes, con dos condiciones: mantener el precio del pasaje en 65 centavos durante el día y 90 en la noche, en la capital, y en 50 centavos en las cabeceras, y tener los autobuses en buen estado. Nunca se cumplió. Los transportistas recibieron el subsidio sin prestar el servicio acordado y las municipalidades no los sancionaron.

En 1996  Álvaro Arzú era Presidente; su amigo íntimo Oscar Berger era alcalde capitalino, y el ministro de Finanzas era José Alejandro Arévalo Alburez, luego diputado unionista; el ministro de Comunicaciones era Fritz García-Gallont, amigo de Arzú y Berger; quien después fue electo alcalde capitalino también por el partido Unionista. Señalar esto ayuda a desenredar las intrincadas redes de poder tejidas en torno a la concesión de las rutas de transporte público y los multimillonarios subsidios.

Hacia 1998, durante la alcaldía de Berger, se fraguó la compra de los buses rojos llamados “tomates”, en condiciones leoninas para los transportistas. Al no poderlas pagar, algunos transportistas devolvieron las unidades. El gobierno debió  erogar unos mil millones de quetzales de fondos públicos para saldar la deuda. Fuentes consultadas mencionan a familiares y amigos de Berger entre los  artífices y beneficiarios de este y otros negocios obscuros avalados por Arzú. En esta operación aparece involucrado el ex presidente de la junta directiva del BANRURAL, Fernando Peña Pérez.

Durante el gobierno de la UNE, fue aprobado el Decreto COM-42-2009 publicado el 24 de diciembre de 2009, es decir en Navidad, hecho que marca el origen del Transurbano y de numerosas ilegalidades ahora bajo investigación.  A la cabeza estaban el presidente Álvaro Colom, Sandra Torres,  Álvaro Arzú y su secretario Héctor Adolfo Cifuentes Mendoza (ex candidato a la vicepresidencia, junto a Fritz García-Gallont, por los unionistas), Roberto Alejos (presidente del Congreso), Mario Taracena Díaz-Sol en la comisión de finanzas del Congreso, Mario Alberto Fuentes Knight como Ministro de Finanzas y Luis Alejos en el Ministerio de Comunicaciones. Para la construcción de paradas se desviaron fondos de Fonapaz a cargo de Obdulio Solórzano, Jairo Joaquín Flores, Douglas Charchal y Celvín Galindo, entre otros directores. La compra de cámaras por parte de gobernación también estuvo plagada de corrupción. Los ex ministros, Raúl Velázquez, Salvador Gándara y Carlos Menocal dirigieron la cartera durante ese gobierno. Alejandro Sinibaldi Aparicio y Edwin Escobar Hill se quedaron con el negocio de los mupis y vallas de las paradas. Se menciona a las empresas Imágenes Urbanas, Equipamientos Urbanos de Guatemala -EUGUA, Nabla y Vistas Centroamericanas.

En principio, los transportistas cedieron -bajo presión- sus licencias de operación de rutas urbanas a 4 empresas hermanas que, junto a la Asociación de Propietarios de Autobuses de Guatemala ASOPAGUA, formaron la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos -AEAU. La cara visible era el transportista Luis Alfonso Gómez, principal señalado en el caso, quién acumuló más de 21 propiedades, aparentemente compradas con fondos del subsidio, hoy inmovilizadas por el MP.

Por ley, la Municipalidad capitalina otorgaba concesión de las licencias pero se optó por otorgar autorizaciones de licencia de operación mediante concurso público lo que dio lugar a acciones de inconstitucionalidad. Los nuevos contratos les fueron cambiados a los transportistas por unas acciones de las empresas que pasaron a formar parte de la AEAU.

Se han señalado una serie de inconstitucionalidades al haber otorgado subsidio monetario a empresas privadas, se entregaron 35 millones de dólares por medio de un Acuerdo Gubernativo de apoyo a la modernización del transporte y se exoneraron impuestos de importación y del IVA a los transportistas capitalinos. Los empresarios se comprometieron a adquirir 3150 buses, pero la AEAU sólo compró 450 buses por lo que la Municipalidad resolvió y notificó la prescripción forzosa del contrato por incumplimiento, 4 años después de lo pactado en ese contrato.

Para financiar el Transurbano se presentó la Iniciativa de ley 4140 en el Congreso. El 6 de abril del e 2010, la Comisión de Finanzas dictaminó en favor de la Iniciativa de Ley 4193 para reformar el Presupuesto de gastos del 2009, y emitir Bonos del Tesoro por 4,500 millones de quetzales. 450 millones estaban destinados al fideicomiso del transporte y subsidio para el adulto mayor. Los firmantes de la aprobación de esos fondos fueron Mario Taracena Díaz-Sol, presidente de la comisión, y Manuel Barquín, actualmente procesado por el delito de financiamiento electoral ilícito y lavado de dinero y hermano de Edgar Barquín, ex candidato a la vicepresidencia de Líder junto a Manuel Baldizón. La ley del presupuesto especifica que el subsidio sería para pagar seguridad, combustibles y operación de los buses pero se puede inferir que sirvió como garantía para la adquisición de buses.

Para cumplir el Decreto 42-2009, las empresas asociadas en la AEAU, se formó el Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses -SIGA, mediante un fideicomiso aún vigente y sin intervención. Su objetivo es administrar el sistema prepago que mantiene en funcionamiento unas 450 unidades. No se sabe cómo se administra el dinero recaudado por servicios ni cómo se distribuye.

Los propietarios de buses con licencias urbanas departamentales, rutas cortas extraurbanas y rutas largas extraurbanas pidieron igual trato. En febrero de 2010 enviaron cartas de denuncia al Presidente Colom, a Sandra Torres, al Congreso, al alcalde Arzú y al Vicepresidente Espada, para alertar sobre los delitos, manifestar su desacuerdo, pedir derecho al subsidio y a la exoneración de impuestos, por principio de igualdad. El Vicepresidente Rafael Espada, a cargo de la transparencia, fue informado de las ilegalidades e inconstitucionalidades que se estaban cometiendo en el Congreso. Las denuncias derivaron en un paro nacional de transporte el 22 de marzo de 2010. La Contraloría de Cuentas no ha tenido acceso a todas las cuentas.

 

LOS NEGOCIOS DE LA UNE

Para fraguar un negocio de esta envergadura, se necesita de la conjunción de una serie de elementos que se confabulan para cooptar el Estado y ponerlo al servicio del tema que se quiere impulsar. La UNE, por medio de Sandra Torres de Colom, mantenía buenas relaciones con gobiernos de corte socialista: en El Salvador con Mauricio Funes, del FMLN, y en Brasil con Luiz Inácio Lula da Silva.

La página Web del Transurbano recoge declaraciones del Presidente Colom sobre la negociación. Para la compra de 3150 buses con un valor total de $419,250 millones (Q3,150 millones al cambio de entonces), se consigue un préstamo del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil. La compra se hace por medio de la empresa brasileña Busscar, que se declaró en quiebra el 27 de septiembre del 2012.

Luego del la aprobación del Acuerdo para el fortalecimiento y mejoramiento del transporte público de pasajeros, el 7 de junio de 2010, se fijaron 36 meses para la entrega de las nuevas unidades pero solo se adquirieron 450. Busscar tenía listas para entrega mil unidades, pero Daimler-Benz, empresa propietaria de Mercedes Benz en Alemania, descubrió una sobrevaloración 126 mil  dólares  por cada bus normal y 275 mil por cada bus articulado. Por el  escándalo, el director de la subsidiaria en Brasil fue despedido y el Presidente Otto Pérez canceló el proyecto por las anomalías detectadas por la CGN y la PGN. El plazo para entregar las 2700 unidades faltantes venció el 6 de junio de 2013. Es lógico pensar que el dinero del subsidio sería utilizado para amortizar la deuda por las nuevas unidades.

El Estado pagó Q326 millones  para la infraestructura y Q56 millones para la seguridad, construcción de paradas e instalación de botones de pánico. En total desde el 2004 al 2012, erogó Q2,190 millones en subsidios al transporte, pero  la población continúa padeciendo por el mal servicio.

Actualmente, los buses rojos y de Transurbano están en pésimas condiciones, pero la municipalidad no exige el cumplimiento los acuerdos y contratos firmados con los transportistas. Los rojos aún prestan servicio, ahora pintados de otros colores para hacerlos pasar como nuevos y burlar los controles de la Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano.

Se tiene conocimiento que dos ex directivos de la AEAU tienen arrendados 14 buses articulados por 4,900 dólares mensuales cada uno por medio de las empresas, Multiservicios y Sistemas Avanzados de Transporte S.A. representada por Víctor Hugo Figueroa Ortiz y Expansión Corporativa Milenium, S.A. por Luis Alfonso Gómez. En total son 60 los buses arrendados por la municipalidad y solo 107 son propios.

A raíz del conflicto, Asopagua se desligó de la AEAU y denunció las anomalías en 2015 que originaron reparos de la Contraloría. Afirman sus directivos que durante la vigencia del subsidio solo el 43% de los buses registrados prestó el servicio, el resto eran buses averiados o estuvieron aparcados mientras los propietarios siguieron cobrando el subsidio.

Transportistas que no quisieron identificarse por temor a las represalias, indican que cada propietario recibía al mes Q7,192, de los cuales la asociación les retenía Q1,566 como  reembolso. Los recibos entregados tenían consignado que era por “Abono del pago extraordinario” pero en realidad era una cuota de devolución del subsidio que fue a parar a manos de los gobernantes y directores.

La AEAU recibió financiamiento para el pago de 2,000 guardias de seguridad para los buses, con salario supuesto de Q4,000 mensuales, pero se tiene conocimiento que se sólo contrataron 500 guardias a quienes se les exigía la devolución de la mitad de su salario. Todo esto ocurría con pleno conocimiento de la Junta Directiva del BANRURAL y su entonces presidente, Fernando Peña Pérez. En apariencia, el subsidio retenido se utilizó para pagar a los diputados que aprobaron las leyes y facilitaron la ampliación del presupuesto por medio de la emisión de bonos del tesoro.

Las denuncias contra los dirigentes de la AEAU ya están en manos de los investigadores del MP y la CICIG. A la fecha, las únicas acciones han consistido en congelar los bienes de Luis Alfonso Gómez, sindicado de ser el cerebro de la corrupción del Transurbano.

La ruta del dinero podría indicar que sirvió para financiar la campaña electoral de los partidos UNE, PP y Líder, así como las campañas para la alcaldía de Álvaro Arzú desde el 2004 hasta la fecha. Otro señalado es Giovanni Musella, ex director de la Empresa Municipal de Transporte y coordinador del Transmetro, como enlace directo con Arzú. Se dice que su renuncia se debió a los reparos de la Contraloría por los fideicomisos constituidos por la Municipalidad.

En resumen, durante la administración de Álvaro Colom el Congreso aprobó la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, un acuerdo para otorgar licencias de operación de rutas, la emisión de Bonos del Tesoro y presionaron para aprobar la obligatoriedad del sistema prepago todo esto para viabilizar el negocio del Transurbano que dejó cuantiosas pérdidas al Estado.

Los hechos investigados son de dominio público y han sido publicados en diferentes medios, sin que a la fecha los encargados de la investigación ejecuten órdenes de captura o soliciten antejuicio para los funcionarios que durante años tienen capturados los puestos clave para continuar sus negocios con los servicios públicos.

PRUEBAS QUE DEMUESTRAN LA CORRUPCION EN EL CASO TRANSURBANO

VIDEO, La Dra. Roxana Avila, expone quienes estan implicados en este mega desfalco, del caso Transurbano

Transurbano al descubierto Segunda Parte

#EnVivoTransurbano al descubierto con JuanFra Gt entrevistando a Roxana Avila Segunda Parte#LucesYSombras

Posted by Noticiero El Vigilante on Monday, September 11, 2017

 

Por: Dra. Roxana M. Ávila

 

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23 thoughts on “TRANSURBANO Y SIGA, LOS NEGOCIOS DE LA IMPUNIDAD, Dra. Roxana Avila, #PuntoxPunto

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