Un llamado a la comisión de postulación para elegir fiscal general, Raul Falla,

Un llamado a la comisión de postulación para elegir fiscal general – Siglo.21

Las Comisiones de Postulación son aquellos cuerpos colegiados que, estando instituidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, tienen por objeto, estudiar, calificar y elegir, el perfil del candadito o candidatos idóneos para ocupar un puesto o cargo público, mediante la utilización de herramientas técnico jurídicas que así lo permitan.

De esa cuenta, las Comisiones de Postulación se conforman, por ejemplo, para elegir a los magistrados de las Cortes del país, al contralor general de Cuentas, al fiscal general entre otros. Están integradas por diferentes funcionarios públicos, profesionales en las distintas disciplinas académicas, así como representantes de los colegios profesionales íntimamente relacionados con el perfil del aspirante a elegir.

En el caso especifico de la elección del fiscal general, la Comisión de Postulación se integra con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien la preside, los decanos de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales del país, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios y el presidente del Tribunal de Honor del citado colegio profesional.

Son convocadas por el Congreso de la República, con un mínimo de cuatro meses de anticipación a la toma de posesión del cargo para el cual se deben conformar. Su trabajo es esencial e ininterrumpido, e inicia aprobando el perfil idóneo que deberá llenar todo aspirante al cargo, para con posterioridad, aprobar la tabla de gradación que se utilizará para ponderar a los candidatos de acuerdo a los méritos éticos, académicos, de servicio, profesionales, de proyección humana entre otros.

Establecida la forma en que se calificará el perfil del profesional, la Comisión de Postulación convoca de manera pública a todos los aspirantes, señalando lugar y fecha en que los mismos deberán presentar los atestados que acrediten las aptitudes necesarias para optar al cargo de fiscal general. Con posterioridad, la Comisión, se encargará de revisar, seleccionar y verificar la documentación presentada, calificando a cada aspirante con base a los méritos antes relacionados. Estas acciones deben realizarse de forma objetiva, imparcial, honesta y libre de presiones, influencias o coacciones, a efecto de que se permita integrar la nómina de los seis aspirantes, con los perfiles idóneos, para que al final, el presidente de la República proceda a elegir al profesional que ocupará el cargo de fiscal general por el plazo de cuatro años.

Para garantizar un verdadero estado de derecho, así como la certeza jurídica de cada una de las investigaciones que realizará el nuevo inquilino del barrio Gerona, se hace necesario que tanto la selección de candidatos, como la elección por parte del presidente, se haga de manera transparente y legítima, para evitar a toda costa, el nombramiento de un fiscal general políticamente correcto, con tendencia ideológica subversiva, corrupto o con una tremenda cola que permita a cualquier aprendiz de dictadorzuelo aprovecharse de esa falencia, para que el fiscal general le haga los mandados, como ocurrió en el caso de Thelma Esperanza Aldana Hernández, una burócrata sin mayores méritos profesionales, duramente cuestionada por la propia CICIG, de ser juez de la impunidad.

Designar a un fiscal general que de nuevo responda a los intereses perversos de los ex guerrilleros, ahora vestidos de defensores de Derechos Humanos, causará una grave crisis política, económica y social, de repercusión internacional, cuyos únicos responsables serán los postuladores y el presidente de la República.

Es por ello, que la ciudadanía debe exigir a los integrantes de la Comisión de Postulación, que actúen con, ética, cordura, compromiso y valor, para que, por ningún motivo se plieguen a los sucios intereses de los sectores que conforman el pacto de terroristas, es decir, los agrupados en la supuesta sociedad civil, – que dicho sea de paso no representan más que sus cochinas prebendas-, y el Comisionado Iván Velásquez Gómez, de quienes no me cabe la menor duda que harán todo lo posible por injerir en esta elección, para imponer a toda costa un Fiscal ad hoc, que les permita seguir viviendo en total impunidad, así como continuar la cacería en contra de nuestros héroes de guerra y de todos sus enemigos ideológicos y políticos; valiéndose para ello, de la misma estrategia amañada con que en procesos anteriores lograron ubicar en la Corte Suprema de Justicia, al delegado de la línea Ranulfo Rafael Rojas Cetina, y a la prevaricadora de la CICIG, Delia Patricia Dávila Salazar. En la Corte de Constitucionalidad, a la emperatriz Gloria Patricia Porras Escobar y a su servil achichincle José Francisco de Mata Vela. En la dirección del Inacif, al incompetente Fanuel García Morales. Y en la PDH, al disoluto Jordán Rodas Andrade, todos estos, responsables de la falta de certeza jurídica en que vivimos.

Raul Falla

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